Autogobierno
policial
Por Raúl Marcelo Cheves para Editorial Seis Hermanas
“La policía no hace lo que
quiere, sino aquello que le es ordenado que haga. Sería muy ingenuo pensar y
considerar que la problemática referida a su cuestionamiento o mal
funcionamiento, se debe a su autogobierno o que nace y muere con ella”
Desde
algunos sectores sociopolíticos de países pertenecientes a la región de
América Latina y El caribe, enfatizan en la urgente necesidad de cambios en las
políticas
de seguridad asociadas a la fuerza policial. Su inquietud se centra en el
"autogobierno policial"
pues conduce a respuestas violentas y represivas hacia la comunidad, producto del
desentendimiento del Estado y permitiendo una autonomía que conlleva a su descontrol
a la vez que genera un escenario propicio para la violación de derechos y la
corrupción.
En
principio tomemos el significado de gobernar, que es guiar, dirigir, mandar con
autoridad. De manera tal, que la violencia, la respuesta represiva, el
descontrol, como la permanente sospecha de violaciones a los derechos humanos, de
corrupción o en la investigación de delitos cometidos por sus integrantes, es
justamente por la falta de un buen gobierno y administración de la Policía.
Si
la policía es mal dirigida, es decir, mal gobernada, la responsabilidad es política. Ahora bien, ¿Por
qué en muchos países, en particular América Latina, el mal gobierno policial es una constante en el tiempo? La respuesta la
tienen los responsables políticos de cada gobierno.
Todas
las figuras ilícitas mencionadas precedentemente, no guardan relación con un
“autogobierno”, un término necesario y tendencioso para desviar las
respuestas valederas, sino con una malísima gestión política.
Toda
crítica importa un ejercicio democrático saludable que redunda en beneficio de
la sociedad, a la vez que nos mantiene alertas en cuanto al desempeño de las
instituciones. Los receptores de tales críticas, lejos de incomodarse, deben
sentirse acompañados en su gestión pues se les está indicando instancias para
la reflexión y mejoramiento en el desempeño de sus funciones. Salvo que estemos
en presencia de sectores cuyos intereses sean diferentes al bien común.
Toda institución debe poseer "un gobierno que por supuesto le es propio" (autogobierno por definición), justamente para que nadie haga lo que quiera y porque significa comandarla, comprendiendo en ello todos los actos de conducción. Gobernar una fuerza policial, es entre otras características, determinar relaciones de mando-obediencia cuya dirección y sentido es el cumplimiento de la ley.
De
esta manera, la denominación autogobierno
(propio gobierno),
resulta redundante y sin presunción significativa de mala praxis y menos aún
de corrupción o violación de derechos. El
gobierno de la
policía debe estar determinado por la ley y condicionado a las exigencias de la sociedad, reflejadas en
las políticas públicas del Estado y con cierto grado de independencia de criterios de los gobernantes.
Debe recaer en
profesionales de carrera de la misma, previamente sometidos a una
exhaustiva selección y permanente control -no manipulación-, pero siempre dependiendo de los responsables políticos, en vía
jerárquica ascendente conforme la estructura organizativa y funcional de cada
país.
Dicho esto a modo de introducción, corresponde mencionar que a través del tiempo, las instituciones policiales latinas han demostrado una gran capacidad para la notoriedad, no solamente en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. No han pasado por cierto, desapercibidas.
Esta notoriedad, adquiere ribetes particularmente dramáticos cuando se trata de actividades que bajo ningún concepto debieron haberse desarrollado por su condición de agencias públicas encargadas de hacer cumplir la ley. Los niveles de peligrosidad registrados para el cumplimiento de su misión, determinaron la criminalización de sus funciones, su fracaso institucional con marcado cuestionamiento social, agravados justamente por su condición de tal.
Las formaciones policiales se dedican por imperio de la ley al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública, pero resulta altamente cuestionable, la forma o manera en que los cumple –o no los cumple–. Sobre este último aspecto debemos agregar algo muy importante y dejar bien en claro que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado que haga.
Sería muy ingenuo pensar y considerar que la problemática
referida a su cuestionamiento o mal funcionamiento, se debe a su autogobierno o
que nace y muere con ella. Lo cierto es, que una institución dedicada a la
defensa social y la protección de los derechos humanos de sus semejantes, ha
venido desarrollando acciones de alto grado de vulnerabilidad y victimización.
En esto contexto, debemos resaltar el papel importante representado por el Estado, pues la crea y mantiene, a la vez que le impone una misión y funciones.
La
problemática policial en América Latina tiene que ver con la respuesta histórica de la institución
policial a un modelo utilitarista y hegemónico que no es fortuito o espontáneo,
sino deliberado y cuya génesis se pierde con los años pero con denominador común:
los gobernantes del Estado.
Mucho se habla del incremento de la delincuencia, generando preocupación e inseguridad en la población como del mal funcionamiento de la policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo más llamativo, es reconocer en algunos discursos políticos, el reciente descubrimiento oficial de que la problemática de la seguridad y la cuestión policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se convirtieran en asuntos de Estado y la solución deberá partir de todos.
Verdaderamente nos alarma, pues para los profesionales de la
seguridad, tanto ésta en lo general como la agencia policial en particular,
siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y sistemáticamente, fueron
desoídas todas sus advertencias sobre un pronóstico oscuro, así como de la
necesidad y urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar
justamente, a la realidad que estamos viviendo.
El
poder político se manifiesta en general con notable influencia perjudicial,
pues avanza sobre la institución policial con designios ideológicos,
partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que nada tienen que
ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir y obedecer estrictamente
órdenes, sin posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio la obligan
a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos o
posibles responsabilidades judiciales y administrativas.
Pero debemos aclarar que del poder político, la influencia negativa proviene de algunos pero notables políticos, aquellos que hacen sentir sus cargos o liderazgos en detrimento de la institución policial, produciendo un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño.
Se pretende
una representación del poder político, consecuente con sus relaciones
interinstitucionales y referidas estrictamente a su dependencia estructural, a
la vez que fijando los lineamientos gubernamentales para la seguridad humana de
los habitantes como de los sistemas de verificación o control, pero evitando
extralimitarse en sus atribuciones e incidir desfavorablemente en la labor
cotidiana de la policía.
Lamentablemente
se comprueba que en muchas ocasiones, su intervención ha llegado hasta niveles
mínimos, primarios y tan específicos de exclusivo corte profesional, que
desestiman
la autoridad y la disciplina interna.
En
este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses
particulares y/o partidistas, se han generado en algunas agencias policiales
mega-estructuras organizativas y la designación de funcionarios con
anterioridad a la creación de sus respectivos cargos, en contradicción con la
doctrina más elemental y tradicional del Derecho como de la Organización.
La
policía es una institución compleja y delicada que la hace muy vulnerable en estas
situaciones. Por ello, es necesario fortalecer la conducción política y técnica.
Una política intervencionista de estas características, paradójicamente favorece el desarrollo de la delincuencia, generando disfunción y falta de control institucional. En lo interno, se verifica un relajamiento integral de la administración dentro de lo cual incluimos la burocracia negativa, la permisividad a la corrupción y el desamparo del trabajador policial con la negación y/o incumplimiento de sus derechos, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones de libre albedrío e ilegales que derivan en la desprotección de la comunidad.
Y justamente, a pesar de las picardías ideológicas de muchos, estas situaciones se verían neutralizadas si la fuerza policial contara con un gobierno propio, legítimo, eficiente y eficaz.
Ciudad
de La Plata, Verano de Marzo de 2011.
Fuente: Cheves, Raúl Marcelo; El modelo policial hegemónico en América Latina; Editorial Seis Hermanas, La Plata, Argentina; Primera Edición 2008; ISBN-978-987-24197-0-7
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