Por Raúl Marcelo Cheves para Editorial Seis Hermanas
El exacto equilibro entre el respeto de los derechos personales y colectivos de
los habitantes debe ser motivo de todo buen gobierno, pues de lo contrario
caeríamos en extremos indeseables, la anarquía o la demagogia. En este sentido,
no debe disimularse, ocultarse o dilatarse bajo el manto del “costo político”,
el empleo de la Fuerza Pública, pues el pleno ejercicio de los derechos
humanos, implica una política de seguridad preponderantemente preventiva que
contemple el uso pleno y legítimo por parte del Estado de sus instituciones
encargadas de cumplir la Ley. Si dentro de un grupo de personas, en uso de su
derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, algunas cometen
delitos (cortes de tránsito, quema de neumáticos, rotura de vidrios de autos,
etc.) y otras están encapuchadas, con brazaletes que dicen “seguridad” y
portando palos, en claro enfrentamiento con la autoridad oficial; la Policía
debe actuar, pues la petición para la restitución de derechos, no excusa ni
exime la violación de derechos y la comisión de delitos. ¿A quien debe
pedírsele permiso para actuar? A nadie pues es un tema de su absoluta
competencia y que la autoridad judicial permanezca -si desea- en su despacho
para recibir la comunicación oficial del suceso pero que de ninguna manera
entorpezca la aplicación de la ley. Nuestra Policía, debe ser una de las pocas
–sino la única- que para hacer aquello que toda policía debe hacer tiene que
pedir permiso a todo el mundo. Está permanentemente sospechada de hacer mal las
cosas, lo cual es paradójico porque es el propio Estado que la sostiene, aunque
debemos reconocer que cuenta con un tímido respaldo político de carácter pendular
y una legislación inadecuada donde su misión, funciones y límites para su
desempeño cotidiano no están debidamente determinadas –el intento de reforma de
Código Contravencional es una prueba de ello-. Con esto no se está propiciando
una Policía que “haga lo que quiera”, únicamente aquello que determine la Ley.
Pero esta Ley, debe ser la expresión más pura del espíritu de la comunidad, y
no el capricho de un ministro, un juez o un legislador.
Publicado en: diario El Día de la
ciudad de La Plata (09abr10)