Acerca de Policía en Naciones Unidas II
I.
Introducción.
Ratifico
en todos sus términos el contenido y espíritu que guiara la introducción de
la primera edición de este libro, de cuyo texto los invito a recordar:
Una
advertencia: ¨... los responsables de fijar los lineamientos políticos y técnicos
que hacen a su desempeño, parecieran denotar un marcado confundimiento o
desconocimiento de la materia, toda vez que se evidencia un divorcio entre las
actuales legislaciones policiales y el espíritu de la comunidad que exige de su
policía una respuesta acorde que no siempre recibe.¨.
Y
una recomendación: ¨Surge entonces, la necesidad urgente de reformular los
regímenes policiales, principiando con una Ley marco que redefina en función
de un correcto rescate por parte del legislador del espíritu comunitario,
permitiéndole fijar una metodología distinta al modelo hegemónico
tradicional, fortaleciendo sus relaciones con la mandante. Esta norma,
determinará también los controles de gestión convenientes para evitar su mal
empleo, coyuntural o permanente, en tareas que no le son propias o estén
normadas por otros instrumentos como en situaciones inequívocamente delictivas,
de cuestionable constitucionalidad, muchas de ellas so pretexto de combatir el
delito. ¨.
Hoy, estoy
totalmente convencido que el término denotar, fue utilizado benévolamente,
pues en realidad los responsables de fijar los lineamientos políticos y técnicos
que hacen a la Policía, no poseen ni quieren poseer, siquiera una idea y menos
aún el conocimiento sobre el tema, como al decir confundimiento, es en
realidad una clara falta de voluntad política para promover un verdadero cambio
en materia policial; estoy convencido también que una mezcla de soberbia,
ausencia de idoneidad para ocupar cargos públicos, obsecuencia y poder;
conforman una situación muy especial y particular, donde tanto el ciudadano común
como el funcionario policial, se encuentran completamente desprotegidos ante la
delincuencia y el propio Estado.
Reconocemos y comprendemos al Estado como una construcción cultural del hombre cuyo propósito fundamental es el bienestar de todos los integrantes de la comunidad. A esto llamamos bien común, el cual debe lograrlo, asumiendo la responsabilidad de conformar una situación que propicie el mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia social, donde su eje nuclear y rotacional sean el hombre y su dignidad.
En
este contexto, promoverá, satisfará y garantizará, en el aquí y ahora de
cada Sociedad, determinadas variables que se corresponden con las necesidades de
aquella y que son, entre otras y sin caer en funcionalismos: salud, educación,
trabajo, justicia y seguridad.
De esta manera, sí o sí cumplirá con esta subsidiaridad pues de lo contrario pierde su razón de ser, se ilegitima, se deteriora y destruye.
Por
ello, las políticas públicas de los sucesivos gobiernos deben orientarse hacia
tales fines en general, y en la materia que nos ocupa, hacia la Seguridad.
El
devenir histórico nos lleva a reconocer que si bien existieron tales políticas,
lamentablemente, se conjugaron en ellas una serie de factores entre los que
primaron, preponderantemente, la conveniente tendencia hacia un fuerte control y
disciplinamiento social como la falta de idoneidad en todos los niveles de la
conducción tanto política como técnica, de muchos funcionarios
deliberadamente designados por los gobiernos de turno para ocupar cargos públicos,
quienes aportaron como es lógico, un desconocimiento profundo y notable de la
función a cumplir, además de sus siempre patrióticas mentes empíricas y de
moral utilitaria, con su variado catálogo de falta de ideas y creatividad,
característico en la mayoría de las administraciones públicas.
Pero cuando hablamos de Estado, debemos también incluirnos y aquí encontramos irresponsabilidades de ambas partes. Por un lado, el conformismo individual tornado en el olvido de delegar sin participar por mucho tiempo, en la satisfacción de la necesidad básica de Seguridad, y por el otro, la omnipotencia de los gobiernos de turno de autoerigirse en Estados, y consecuentemente llevar adelante la exclusividad en la adopción de medidas de orientación partidista, muchas de las cuales, como es el caso de la Seguridad y la Agencia Policial, erróneas e inadecuadas.
Entonces,
si bien la cuestión de la Seguridad es resorte inexcusable del Estado y los
gobiernos deben fijar políticas al respecto, la comunidad debe necesariamente
participar en la elaboración y fiscalización de tales políticas a través de
sus legítimos representantes, y en caso contrario, exigirles y reprocharles,
individual y/o grupalmente, por su falta de dedicación y/o inoperancia; pero de
ninguna manera, interpretarse y llegado el caso, tolerarse, que el primero
devuelva o pretenda compartir esa responsabilidad con la segunda.
La
tarea policial en los tiempos que estamos viviendo, va más allá de una mera
especialización en materia de persecución del delito si no está definida por
su compromiso comunitario de asistencia y acompañamiento ciudadano.
Resulta
entonces importante, orientar los esfuerzos estatales para formar a los
funcionarios del orden como agentes sociales destinados a defender y facilitar
la vida comunitaria mediante una debida y adecuada interacción cotidiana que
permita la salvaguarda de los derechos humanos.
En
este contexto, una reforma policial debe reconocer más que nunca que ya no
basta con una acción refleja ante el delito en el marco de una política
institucional y menos aún emparentándola con la pobreza, sino también y
mejor, en prevenir las múltiples causas que generan estas conductas, para lo
cual asumirá un rol preventivo y pedagógico permanente.
El
policía debe conducirse como ciudadano modelo y asistir en todo momento y
circunstancia a los habitantes, potenciales clientes-víctimas del delito, no
solamente para evitar que sean atrapados por éste, sino también de la
marginación o su autodestrucción.
Este
habitante, que en general manifiesta cada vez más un creciente sentimiento de
inseguridad y desprotección, justificable en algunos casos por los índices de
criminalidad y en otros por la calidad de la misma, producto de una situación
muy compleja donde intervienen variables culturales, socioeconómicas, etc., que
se viven en todo el mundo, se ha convertido en un observador pasivo del poder público,
esperando una acción siquiera que garantice la paz social y le permita una vida
más armónica en la comunidad.
Tal
vez considerando que la disminución de los problemas que afligen a la Sociedad,
especialmente los de la Seguridad Pública, solamente se alcanzará con la
participación de todos sus sectores a través de un diálogo franco y
permanente para hallar los caminos más correctos y aceptables.
La
correcta comprensión del papel comunitario de la Policía frente al cuadro de
inseguridad, es importante para ejecutar un proceso de cambio, orientándolo
hacia una percepción más realista y a su integración con todos los sectores
involucrados en la problemática.
Pero
una cosa es un sistema de seguridad y otra un sistema policial. Este último está
comprendido en el anterior. Debe desterrarse la idea rectora que la
responsabilidad de la Seguridad debe recaer exclusivamente en lo policial, ello
corresponde a la Sociedad toda y a través de sus actores. También, un error
muy frecuente, es emparentar a ultranza a la policía con el sistema de justicia
pues solamente una mínima parte de la misión de la primera, está comprendida
en la segunda; el resto es preponderantemente social.
La
Policía debe estar dedicada con plenitud de efectivos y medios, al cuidado de
la Comunidad, llevando a cabo una prevención del delito en él más alto
concepto de la medida. Esto requiere de una metodología que concilie su
operatividad, necesariamente científica y tecnológica; con su acción
mediadora y orientada a la resolución del conflicto social, lo cual y en primerísima
instancia, no incluye funciones judiciales ni penitenciarias como tampoco las
impuestas desde o por otras reparticiones públicas, en tanto y en cuanto su
cumplimiento exceda el principio de auxiliaridad y tornarse en delegación de
tareas, o que encontrándose tales tareas en la auxiliaridad, puedan entorpecer
su servicio específico.
La
irregularidad de estos servicios supletorios trasciende en lo externo hasta
vulnerar las expectativas sociales y en lo interno, hacia la pérdida de
identidad de los efectivos policiales, los cuales van mentalizándose que
pertenecen más a una empresa de multiservicios que a una Institución policial.
Un
ejemplo de como la auxiliaridad se degenera en delegación perversa de
funciones, lo ofrece la actual situación de la mayoría de las dependencias de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la República Argentina, donde un
promedio del 80 al 90% de sus potencialidades humanas, logísticas y
financieras, está absolutamente destinado al alojamiento, custodia y traslado
de detenidos, siguiéndole los depósitos judiciales preponderantemente de
automotores y una actividad de corte netamente administrativa para la esfera
oficial y privada, destinada a notificaciones y diligenciamientos ordenados por
el Poder Judicial como de actuaciones labradas para empresas privadas. Con esto,
además de desvirtuar su misión, confundir a sus integrantes y anular su
operatividad, muy poco queda para atender debidamente los reclamos comunitarios.
Algunos hablan de la relación
policía-comunidad como de grupos o entidades diferentes; otros, en el mejor de
los supuestos, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Para todo caso,
se agregan características como distancia, divorcio, enfrentamiento, malas
relaciones.
Pero la Comunidad es una sola y
por ello, dentro de ésta, están también los funcionarios policiales y la
institución policial, conformando un subgrupo dedicado a proteger al resto de
sus integrantes, colaborando con su servicio en el desarrollo de la misma y de
cada quién en particular.
De manera tal que cuanto
hablamos de inadecuadas relaciones, en realidad, algo está funcionando mal
(policía) dentro de un todo (comunidad) o cuando decimos distancia social, en
realidad tal distancia no existe pues forman un mismo universo.
Ahora bien, ¿qué funciona tan
mal?.
El servicio policial implica
necesariamente asumir un rol referencial que le da su propia comunidad. Esta
tiene a su policía como referente porque a la policía se concurre, se la
requiere, se la tiene presente porque se la necesita.
Gran parte de este servicio
importa el contacto personal de los funcionarios policiales con el resto de las
personas, en especial cuando en la aplicación de la ley, deban llevar a cabo
por ejemplo, identificaciones, arrestos u allanamientos. Esto los obliga a
asumir otro rol inexcusable y propio de la función, que es el de operadores de
contacto.
Las situaciones que puedan
sucederse al producirse ese contacto son múltiples y diversas, tantas como
pretender catalogar lo imprevisto, pero sí podemos prever y acotar un muy
importante escenario de posibilidad de hechos y conductas ilegítimas e
ilegales.
El Estado, a través de sus
gobiernos como de la participación ciudadana, cumple un papel fundamental
preparando a las partes para que ese contacto sea en principio el estrictamente
necesario, el debido y correcto o dicho de otra manera, legal y legítimo.
En lo que respecta a los policías,
no cualquiera puede serlo, y sin embargo muchos lo son, de manera tal que debe
existir una severa selección primando entre otras características, la vocación,
sus condiciones, experiencias personales y grado de formación. Será bien
salariado, en el marco de adecuadas condiciones generales y particulares de
seguridad e higiene laboral.
Debe establecerse un riguroso
sistema de seguimiento funcional permanente del agente policial en virtud de su
riesgosa e insalubre labor cotidiana que permita: su actualización y capacitación
profesional; el conocimiento de su salud, rendimiento, relaciones personales,
funcionales y con el público; su contención integral para su bienestar
general; la posibilidad de detectar y revertir toda situación lesiva o ilegal
para la Comunidad en la que esté involucrado.
En materia doctrinal, todo
funcionario policial debe saber perfectamente para qué está en la calle (sus
incumbencias), qué tiene que hacer en ella (campo y límites de su actuación)
y qué se espera de él (que su contacto con la gente para la aplicación de la
ley, sea la expresión más pura del respeto y protección de los derechos
humanos).
Este policía debe tener bien
en claro que su objetivo es amparar al inocente de la delincuencia como de toda
otra forma de abuso social o estructural y no cumplir cegadamente, con un
ritualismo institucional donde la orden del superior, muchas veces ilegal e ilegítima,
pueda obedecerse por sobre o más allá de la Ley.
En cuanto al público en
general, ya dijimos que el Estado debe proveer al bien común, asegurando
al menos, la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como salud,
educación, trabajo, acción social, etc., que con ello, se estaría conformando
una situación en la que se sienta seguro, es decir, exento de todo riesgo, lo
cual forma parte también de la prevención del delito, y no solamente por el
buen funcionamiento del aparato policial. Que se procure una Ley fuerte para
afrontar el flagelo de la delincuencia, pero que sea igualmente fuerte contra
las causas que la provocan.
Además, el público debe
conocer perfectamente la misión y funciones de la institución policial porque
es su derecho, a la vez que de las problemáticas emergentes para lograr sus
propósitos. Debe proveerse también el efectivo conocimiento de la Ley vigente,
de las instituciones judiciales, sus procedimientos y accesos.
Que la publicidad de los actos
de gobierno llegue hasta los clubes de barrio, pasando por las escuelas y no
solamente en boletines oficiales, cuya única lectura la realiza el encargado de
archivarlos, pudiéndose incorporar a quienes pueden comprarlos, saber además
donde hacerlo y estar en condiciones de comprender lo que dicen. En este
sentido, no debe apabullarse a la gente con letras y tecnicismos, dado que poco
le interesa saber si en la Policía existe una Dirección con tal o cual
denominación a cuyo cargo se encuentra el cumplimiento de tal o cual misión;
el público quiere en definitiva que lo protejan porque conocer un organigrama
policial, poco le sirve para su seguridad personal.
Lo cierto es que ambos, policías
y público, al momento del contacto, deben encontrarse en las mejores
condiciones de vida y bienestar posibles, con el propósito de evitar que
afloren manifestaciones propias de cualquier descontento y frustración. Pero
como esto no ocurre, la combinación es extremamente peligrosa y generadora de
situaciones de mutua agresividad que poco aportan para acortar su
distanciamiento.
En cuanto a los funcionarios
policiales, descubrimos que en nuestra región de América Latina y El Caribe,
la mayoría están mal pagos, empobrecidos con inadecuadas condiciones de vida,
precariamente capacitados, mal vestidos y sin el equipamiento adecuado para su
seguridad y estética; cansados por las jornadas laborales que deben cumplir
para poder subsistir como de las obligaciones de un servicio excesivo a la vez
que irrespetuosamente tratados por sus superiores, quienes por otra parte, ni
siquiera les comunican coherentemente las órdenes para cumplir debidamente con
sus tareas.
Finalmente, observamos que la
doctrina de las Naciones Unidas en materia policial no está siendo aplicada
convenientemente. Algunos países ya contaban desde mucho antes con estos
preceptos; otros, iniciaron un proceso lento pero que a su término los fueron
incorporando en sus legislaciones, lo cual significa un paso muy importante,
aunque su aplicación efectiva todavía presenta algunos inconvenientes y
problemas; y finalmente, un remanente de países que aún ni siquiera han
comenzado a considerarlos. Sirva entonces mi libro, como un humilde aporte para
revertir esta situación.
La
Plata, Verano del año 2000 del Señor.
Raúl
Marcelo Cheves
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