En oportunidad de la Reunión Preparatoria Regional para América Latina y El Caribe, desarrollada en la ciudad de San José de Costa Rica en mayo de 2009, se abordó el tema sustantivo: "Respuestas de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas: vínculos con la delincuencia organizada transnacional".
En una de
las exposiciones, un experto individual de la Argentina, relacionó este tema
con la instalación y funcionamiento subrepticio e informal de prostíbulos en
una ciudad del continente.
Solamente en
el casco urbano de La Plata, están funcionando desde hace años, decenas de
prostibulos. En algunos barrios hasta tres por manzana. No hace falta ser policía
ni llevar adelante una investigación para identificar y conocer el movimiento
de estos lugares. Los prostibulos existen porque hay demanda y porque realmente
es redituable para sus dueños.
Resulta
evidente que su continuidad funcional se debe a la ausencia del Estado a través
de los funcionarios responsables de varias áreas de gestión, representando una
posición y determinando una situación que merece sin duda ser investigada
administrativa y judicialmente.
La
existencia de esta oferta de sexo, está al alcance de la mano de cualquier
“cliente” con la sola lectura de los avisos clasificados de cualquier
diario, algunos de los cuales incluyendo fotos y detalles.
Esta
ausencia o tolerancia del Estado, no solamente compromete la salud (Ley
de Profilaxis), la seguridad y el bienestar de todos los habitantes, sino
permite el desarrollo de una redituable actividad comercial, subrepticia e
informal, al margen y por ende evasora del sistema de recaudación nacional
(AFIP) y provincial (ARBA) como de las normas de habilitación y regulación
municipal, además de la contratación de servicios en categoría particular en
lugar de la comercial (luz, gas, teléfono).
Esta
peligrosa infraestructura, construida en negro sobre la base de un Estado
ausente, permeable, tolerante o quizás interesado, es generadora de
desigualdades, fomentando un permanente clima de injusticia y escape directo
hacia la corrupción.
La gran
excusa es insostenible, pues ya no puede esconderse esta actividad comercial con
ribetes espeluznantes como la trata de personas (habitantes de la Nación
Argentina, Arts. 14 y 20 de la Constitución Nacional y concordantes de la
Constitución Provincial), la reducción a la esclavitud o corrupción de
menores; detrás de una inofensiva vivienda particular.
Sr. Estado /
Sra. República:
¿Hasta
cuando seguiremos leyendo noticias de casos sobre “esclavitud sexual” que
nos hacen reír llorando?. Pues es descabellado comprender que nuestros
impuestos sirven para la tolerancia, o para prolongadas e innecesarias
investigaciones policiales, a la vez que comprender que nuestro país ofrece a
todas las personas que quieran habitar su suelo, nada más que el ejercicio de
la prostitución.
En este
mismo contexto, la demanda de prostibulos es creciente y sostenible, demostrando
una clara necesidad de usufructo por parte de un considerable número de
integrantes de la comunidad, que amerita la legítima, legal pero prudente y
adecuada intervención del Estado, pues las personas canalizan de esta manera,
su necesidad de sexo pero también de trabajo.
Puiblicado
diario El Día, La Plata, Argentina: 20 de agosto de 2010.